No aceptaremos investigaciones superficiales en el caso del incendio dela estancia migratoria de Ciudad Juárez
La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer, el 11 de abril, que procedía penalmente en contra de Francisco Garduño, titular del Instituto Nacional de Migración (INM), y de Antonio “N”, por ejercicio indebido de servicio público, en relación con el incendio de la estancia provisional del INM en Ciudad Juárez, Chihuahua, en el que perdieron la vida 40 personas migrantes, 28 más resultaron heridas y 15 mujeres fueron puestas a salvo, sin explicar claramente el alcance de la denuncia.
Sin embargo, el “ejercicio indebido de servicio público” por el que se les investiga es atribuible cuando no existan consecuencias derivadas del incumplimiento de sus obligaciones legales. Pero en el caso del incendio, esas omisiones produjeron la muerte y afectaciones a la salud de decenas de víctimas, por lo que los delitos atribuidos deben ser homicidio y lesiones, ya que los superiores jerárquicos del INM eran garantes de la vida y salud de las personas privadas de su libertad en la estancia migratoria.
Recordamos que, de acuerdo con notas periodísticas, las instalaciones del INM han sufrido, por lo menos, una decena de incendios en esta administración federal. Otro de ellos, ocurrido en Tenosique, Tabasco, en marzo de 2020, también cobró la vida de una persona de origen guatemalteco. Por este caso la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 69/2020, dirigida al titular del INM, por lo que es evidente la previsibilidad del resultado.
● Garduño no es el único servidor público que se debe investigar
Como organizaciones defensoras de derechos humanos que denunciamos ante la FGR a Garduño, así como al contralmirante (militar en retiro) Salvador González Guerrero, titular de la oficina del INM en Chihuahua, y a otros servidores públicos y guardias privados relacionados con el evento, queremos puntualizar que anunciar que “procederán penalmente” –sin siquiera aclarar si únicamente están siendo investigados o si se pretende formular imputación– no es suficiente.
No queremos y no toleraremos investigaciones superficiales, que solo buscan calmar la opinión pública y no solucionar las condiciones que originaron esta tragedia, para así garantizar la no repetición.
Las mismas condiciones de Tenosique se repitieron en Ciudad Juárez: detenciones ilegales de personas migrantes y solicitantes de asilo, falta de insumos básicos (agua potable, servicios de salud e insumos para menstruación), corrupción por parte de los y las funcionarias migratorias, todo bajo una óptica de políticas migratorias de contención que violan los derechos humanos, recetas para generar más y más tragedias. Eso tiene que cambiar.
● La FGR no ha permitido la participación de las organizaciones que denunciamos
La FGR resolvió negar a las organizaciones de la sociedad civil denunciantes copia de los registros de la investigación, al alegar el sigilo de la misma y la naturaleza reservada y confidencial de la información.
Esta determinación es contraria al derecho a la verdad, cuya titularidad es de toda la sociedad cuando se trata de violaciones graves a derechos humanos. La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública disponen que frente a este tipo de hechos, no se podrá reservar la información, incluso la proveniente de carpetas de investigación, pues se trata de un evento de trascendencia social, que tuvo como consecuencia la irreparable pérdida de vidas humanas que debían estar bajo la tutela del Estado, dejando con ello cientos de víctimas
directas e indirectas.
A la FGR le exigimos una investigación diligente y a fondo, como solicitamos en
nuestro escrito de denuncia original:
1. Se necesitan personas expertas independientes para todos los peritajes que requiera el caso.
2. Obtener los videos completos y originales de las cámaras al interior de la estancia migratoria de Ciudad Juárez.
3. Recabar entrevistas a testigos, vecinos, funcionarios del INM, autoridades locales, así como primeros respondientes al siniestro: bomberos, paramédicos y policías, entre otros.
4. Crear una unidad mixta conformada por la FGR y la Fiscalía del Estado de Chihuahua para el desarrollo de investigaciones, a fin de no fragmentar la investigación y aprovechar los avances que en ambos fueros se consigan.
5. Reconocer a las mujeres sobrevivientes como víctimas, ya que sólo son consideradas como testigas dentro de la carpeta de investigación.
6. Garantizar la atención médica y psicológica de las personas lesionadas y sobrevivientes, así como el acceso a asesoría jurídica. En este sentido, que también se les proporcionen los nombres de las organizaciones firmantes de la denuncia, por si desean una representación independiente dado que, en este caso, están implicados agentes del gobierno y se debe garantizar la independencia de quienes les representa.
7. Otorgar a las víctimas y a sus familiares, que así lo deseen, visas humanitarias y gastos de viaje (incluso para los familiares que deseen viajar al país para acompañarles), un lugar de estancia digno para que las víctimas puedan recuperarse en compañía de su familiar y, de así decidirlo, permanecer en el país para participar en las investigaciones, así como medidas de asistencia y apoyo necesarias, y la debida reparación integral del daño.
8. Desahogar las pruebas anticipadas necesarias de personas testigas de los hechos, con la finalidad de salvaguardar su integridad y vida frente a posibles ataques hacía su persona, incluyendo la deportación.
Insistimos sobre todo en la necesidad urgente de crear una Comisión Especial que investigue masacres, desapariciones y delitos graves –como este caso en el que 40 migrantes fallecieron–, conformada por personas expertas independientes, nacionales e internacionales, organizaciones de la sociedad civil y peritos expertos de la FGR.
Contactos de prensa:
Gabriela Gutiérrez M.
Fundación para la Justicia (FJEDD)
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