¿A dónde ir cuando se cierran todas las puertas?

Personas en movilidad sin alternativas de refugio

El presidente municipal Cruz Pérez Cuellar, el 4 de septiembre en su conferencia de prensa, habló sobre las conversaciones con el Instituto Nacional de Migración (INM) y el Gobierno del Estado para la reactivación del punto de inspección ubicado en Sabalza, Jiménez. La petición se realiza tras declarar que la ciudad está saturada (refiriéndose a las personas en movilidad y el poco espacio en los albergues). Resulta preocupante que el comisionado del INM, Francisco Garduño Yáñez refiera que tomará acciones para reactivar el punto mencionado. Los tres niveles de gobierno están violando y limitando el derecho al libre tránsito de las personas en movilidad, exponiéndoles a tomar rutas más peligrosas. 

Enrique Valenzuela, Coordinador General del Consejo Estatal de Población (COESPO), explica que el flujo en la ciudad no se ha detenido, al contrario, es mayor. Bajo ese contexto, se observa que el edil tiene un rol activo (en lo mediático), pero no muestra acciones encaminadas a una solución de mediano plazo (solicitando mayor presupuesto) o largo plazo (a través de políticas públicas), limitándose únicamente a declarar públicamente la responsabilidad de la federación.

Actualmente hay al menos 25 albergues encargados de brindar alojamiento a personas en movilidad en la ciudad, según cifras del COESPO; la mayoría de ellos están saturados por el momento y las personas recurren a permanecer en edificios abandonados, tapias u hoteles de bajo costo al generar un aparente estado de seguridad que les permita tener un techo sobre su cabeza, muchas veces en graves condiciones de precariedad.  

Diversos medios de comunicación y algunos empresarios, a través de narrativas, criminalizan a personas en movilidad acusándoles de apropiarse o invadir espacios —como en el caso del hotel Deluxe—. Sin embargo, testimonios recabados señalan que no se trata de ello, e incluso las personas pagaban hasta $4000 pesos por una habitación. Vislumbrando la responsabilidad de arrendatarios que lucran con la necesidad de personas en una clara situación de vulnerabilidad. Los titulares periodísticos, así como la información publicada adquirieron un enfoque revictimizante. 

El hotel Deluxe fue supuestamente clausurado en abril de este año, luego de que la Dirección de Protección Civil lo catalogara como un espacio riesgoso para las personas que rentaban. Sin embargo, recientes testimonios vislumbran que no dejó de funcionar nunca. Las condiciones del espacio resultan deplorables, presentando insalubridad, mala estructura del espacio físico y fallas del sistema eléctrico.  Luego de una denuncia, la Fiscalía General del Estado y los titulares de las Direcciones Jurídica y General de Protección Civil del Municipio de Juárez acudieron el pasado 1ro. de septiembre debido a que se rompieron los sellos de clausura, operando clandestinamente bajo las mismas condiciones. 

Resulta contradictorio que las autoridades desalojen a quienes alquilan espacios en el “hotel” —así como de otros lugares— bajo el argumento de riesgo, cuando, desde el incremento del flujo migratorio en 2017, las personas en movilidad se han resguardado en lugares inseguros ante la carencia de espacios de acogida. La situación, trae a tema la inexistencia de un marco regulatorio para los espacios humanitarios, que establezca estándares mínimos de operatividad para atender la necesidad de alojamiento adecuado para la población en movilidad, que en distintas ocasiones han presentado saturación. 

Parte de los edificios que actualmente son mencionados en medios de comunicación como “invadidos por migrantes”, llevaban años abandonados, incluso funcionando como basureros y puntos de distribución o consumo de drogas; es decir, son espacios poco seguros, pero no necesariamente a raíz de la presencia de personas en movilidad. Aunado a que muchos de ellos, fueron limpiados con la llegada de dicha población es decir, sacando toneladas de basura para poder ocuparlos.

Posterior a los desalojos a cargo de las autoridades municipales, se invita a las personas en movilidad a hacer uso de albergues (sin consultar si se cuentan con espacios o recursos), pero, si están saturados no se ofrece ninguna opción, dejándoles en situación de calle. Es responsabilidad de los tres niveles de gobierno, no sólo la regulación de los espacios de acogida, sino procurar soluciones cuando los albergues se encuentren a su máxima capacidad, con el fin de garantizar la protección y respeto a los derechos humanos de las personas en movilidad que llegan a la ciudad.