Desinformación: discursos que invalidan derechos
Oscar Ibáñez —representante de la Gobernadora del Estado de Chihuahua Zona Norte— en repetidas ocasiones ha mostrado inconformidad ante el flujo migratorio en el estado, principalmente en Ciudad Juárez. El funcionario recalca —en sintonía con el discurso de la mandataria— la necesidad de que se lleven a cabo operativos coordinados desde Ciudad de México o la frontera sur, para limitar el libre tránsito de las personas en movilidad y su arribo hacia el norte.
Si bien es cierto que el flujo migratorio va en aumento, el requisito de permanecer en la frontera se dictamina desde Estados Unidos a través de la aplicación CBP One. Se solicita que el registro se realice desde el país de origen, sin embargo, para lograr obtener una cita es necesario estar en el norte o centro del país (Guadalajara o Ciudad de México), por lo que las personas son forzadas a llegar hasta Ciudad Juárez —u otra frontera— para lograr conseguir una cita.
Ibáñez ha mencionado que se debe llenar la solicitud desde su país de origen y, en caso de ser aceptados, volar hasta Estados Unidos, es decir, sin llegar a la frontera. Estas aseveraciones reflejan su desconocimiento respecto al funcionamiento de CBP One, además resulta preocupante que las declaraciones desinformadas sean replicadas en canales oficiales y medios de comunicación.
En declaraciones más graves —debido a su puesto como funcionario público—, menciona que las personas en movilidad llegan a la frontera sin la intención de trabajar, únicamente a realizar trámites como el registro de la aplicación en CBP One, la cual muchas veces no funciona correctamente o termina por saturarse, incrementando la estadía de las personas en la ciudad. Ante la situación, Ibáñez, muestra poca empatía priorizando y resaltando la utilidad de la migración en beneficio del interés económico y, dejando de lado, la responsabilidad de protección hacia las personas en movilidad en el marco del derecho internacional. Señala que nadie les da cifras de cuánta población llega a la frontera, y si bien, la Unidad de Política Migratoria cuenta con datos públicos, también es responsabilidad de los estados coordinar esfuerzos en favor de los derechos humanos.
Declaraciones como ❝que no se les den las facilidades que se les dan, como visas”, no tienen cabida en un país que tiene compromisos locales, nacionales e internacionales hacia las personas en movilidad, dichas expresiones le quitan responsabilidad al Estado de brindar protección internacional; violentan el derecho de libre tránsito y criminalizan a las personas en movilidad. Las acciones que constantemente remarca Ibáñez desde principios de julio del presente año tienen que llevarse a cabo en coordinación con la Federación, no con el objetivo de frenar o limitar la migración, sino en principio del derecho de movilidad segura.
“…esto es como una olla de presión, siguen viniendo migrantes, las políticas no se definen, las políticas del lado americano continúan, ellos procesan gente y la deportan y los migrantes que vienen no miden esas consecuencias, no hacen los trámites en sus lugares de origen y se vienen aquí a la frontera y se encuentran con una serie de problemas”, expresó. ❝…reiteramos nosotros la necesidad de que haya una política que no obligue a los migrantes a llegar a la frontera norte porque representa una carga específica para la frontera porque ni siquiera vienen a trabajar”.
En virtud del derecho internacional, los Estados tienen la obligación de encaminar acciones para la prevención de los numerosos riesgos que enfrenta la población en movilidad. Instaurando políticas migratorias orientadas a la seguridad de las personas durante su trayecto. La permanencia se complica aún más por narrativas xenófobas, racistas y clasistas emitidas por personas funcionarias públicas que encuentran eco en medios de comunicación, impactando en la percepción de la comunidad local.
Finalmente se remarca que, a las personas en movilidad, independiente de su condición jurídica en el país, les son reconocidos todos los derechos planteados en la Constitución Mexicana al igual que al resto de la ciudadanía. Trabajemos en la promoción, protección y el cumplimiento de los derechos humanos, estableciendo protocolos ante situaciones emergentes derivadas de la movilidad humana y brindando espacios seguros donde las personas puedan alojarse, alimentarse y tener una estadía digna durante el tiempo que les tome alcanzar sus objetivos personales.
