Declaraciones oficiales, ¿información correcta?
Las autoridades están obligadas a brindar información a la población, incluso es una buena práctica en términos de transparencia y el derecho al acceso a la información, pero… ¿qué ocurre cuando las declaraciones oficiales difunden información incompleta?
Durante la rueda de prensa el 25 de septiembre, Gilberto Loya, Secretario de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua, mencionó que se habían suscitado 512 incidentes en el estado donde las personas en movilidad se vieron involucradas; identificando “accidentes, riñas, problemática con la autoridad y secuestros de tipo exprés contra las personas migrantes”, que según la explicación brindada, no son iguales al común, sino de tipo extorsivo.
Si bien, el funcionario brindó información (como que el tráfico de personas tenía presencia en el estado) no clarificó con datos o porcentajes a los medios de comunicación el significado real de los 512 incidentes, tampoco si las personas en movilidad eran víctimas o no. Las declaraciones dieron pauta a la especulación e información descontextualizada; ejemplo de ello son los titulares periodísticos que destacaron el delito mencionado como principal.
En un segundo momento, al responder a un periodista sobre personas en movilidad reclutadas por el crimen organizado, Loya respondió que han estado involucrándose como “traficantes”, añadió que incluso les han detectado “operando vehículos que nosotros tenemos detectados como vehículos relacionados al tráfico de personas, ya no es como siendo traficados, sino ya moviéndose por la ciudad de una manera muy sencilla y muy tranquila, como si fueran parte de la delincuencia organizada o siendo”. Sin embargo, es irresponsable asegurar que hay involucramiento en todos los casos si se habla de “reclutamiento”, donde puede cuestionarse si la participación es voluntaria. Así como, mencionar que se han identificado vehículos y no explicar qué acciones se realizaron al respecto para mitigar la situación de riesgo.
Para finalizar, menciona refiriéndose a la movilidad humana, que “la problemática es mucho más grande por todo lo que está generando y repercutiendo ya contra las mismas personas, contra los mismos chihuahuenses. […] buscamos es que haya una migración ordenada, una migración que no ponga en riesgo a las personas migrantes, porque consideramos que el fenómeno migratorio es algo…. inclusive como derecho humano. El grave problema es que eso está atentando ya contra los chihuahuenses y chihuahuenses, está atentando contra sus empleos, está atentando contra su estabilidad, y esto se puede convertir en un grave problema”.
Que una persona funcionaria pública haga una diferencia entre unos y otros (chihuahuenses y personas en movilidad), invisibiliza la responsabilidad que se tiene y les categoriza, como si un grupo tuviera más derechos sobre el otro. Y, al decir que se está “atentando” contra las y los chihuahuenses, criminaliza al sugerir que se está cometiendo un delito al estar en tránsito.
También, al mencionar que se “atenta contra los empleos”, promueve una vieja falacia de que la migración provoca que las personas pierdan sus trabajos, comúnmente utilizada para infundir miedo en la sociedad ante la llegada de personas extranjeras. Por ejemplo, cuando en Estados Unidos dicen que “los mexicanos vienen a robarnos nuestros empleos”.
Lamentablemente, en el cierre de la rueda de prensa, el funcionario describe a las personas en movilidad como una amenaza, personas que generan riesgos, les engloba en oraciones alarmistas, insistiendo en que la situación se va a convertir en un grave problema.
Como personas defensoras entendemos la necesidad de no simplificar a la población, comprendiendo que devienen de distintos contextos; profundizamos en la reflexión sobre la complejidad de la migración, más recientemente con el incremento de los flujos migratorios en el país.
Los discursos de personas funcionarias públicas, replicados por medios de comunicación, han criminalizado a las personas en movilidad, creando narrativas de estigmatización, por ejemplo, cuando hay una situación de riesgo donde se encuentran involucradas, se les señala como responsables directas.
¿Se asume que, bajo cierto perfil racial, las personas en movilidad están involucradas en dichas situaciones? Es importante cuestionar los discursos y acciones antes de lanzar afirmaciones donde, por características físicas o particulares que figuran desde un perfilamiento racial, se presenten acusaciones sin pruebas fidedignas de por medio.
Toda información difundida debe hacerse bajo los principios de respeto e igualdad, sabemos que, aunque en ocasiones no se tiene la intención de difundir mensajes xenófobos, hay que reflexionar si lo que decimos (más si se trata de una persona funcionaria pública) hace daño indirecto o directo. Debemos luchar contra esas palabras violentas arraigadas por el racismo en nuestro pensamiento. Informemos mediante un discurso fundamentado que haga valer los derechos de todas y todos, desde principios de igualdad y protección internacional.
