“Rescates humanitarios” que generan crisis: la preocupante respuesta de las autoridades y medios de información ante la movilidad humana
El jueves 2 de noviembre elementos del Instituto Nacional de Migración (INM) y Guardia Nacional (GN) limitaron el libre tránsito de aproximadamente mil 500 personas en movilidad (incluyendo a niñas, niños y adolescentes), luego de instruir al conductor a separar los vagones de carga de la locomotora que les transportaba hacia Ciudad Juárez. El abandono fue en un punto conocido como Estación Refugio, junto a una carretera en medio de la nada, a once kilómetros de la estación Mápula, en el municipio de Chihuahua.
En una zona despoblada, sin condiciones básicas para sobrevivir, la autoridad orilló a las personas a desistir de su decisión/opción de llegar a la frontera del estado de Chihuahua: Ciudad Juárez. Se desconoce bajo qué términos se separaron los vagones de la locomotora, sin embargo, distintas versiones periodísticas refieren que el INM lo hizo para evitar que siguieran el trayecto a bordo del tren, —en relación a los “operativos de rescate” que impiden que las personas lleguen a la frontera a bordo del tren, ante el supuesto de poner en riesgo sus vidas; no se puede validar este tipo de acciones como un rescate—. En otras versiones se menciona que fue por fallas técnicas, sin embargo la dependencia de migración, en ningún momento se posicionó públicamente por las violaciones a derechos humanos cometidas.
Luego de que personal del INM y GN separara los vagones donde estaban las personas, la incertidumbre, el hambre, y las enfermedades no se hicieron esperar, ya que, prácticamente los dejaron en una zona sin acceso a nada. El primer día, después de 12 horas sin probar alimento, las personas encontraron algunos elotes en los vagones que, al igual que ellas, quedaron abandonados; sin opciones los prepararon a fuego con ayuda de ramas y tablas que encontraron en la zona, al interior de unas ollas que llevaban consigo durante el trayecto. Como resultado,algunos niños y niñas se enfermaron del estómago, pues ante la premura de probar bocado, los consumieron crudos, por ello se pidió la asistencia de dependencias de salud que fueran a tratarles, así como a población aledaña a la zona que pudiera brindar ayuda humanitaria, ya que aunado a los problemas estomacales que sufrieron, luego de pasar días y noches a la intemperie del desierto, las personas presentaron enfermedades respiratorias por el frío. La Cruz Roja acudió para atender las condiciones de salud, a la par, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) se apersonó para documentar la situación; algunas organizaciones ofrecieron alimentos o asistencia.
Ante la precariedad experimentada, desde la salida del sol y a temprana hora del sábado 4 de noviembre muchas de las personas tomaron sus pertenencias y emprendieron su camino hacia la ciudad de Chihuahua, muchos de ellos pidiendo aventón, otros a pie. Refiriendo no saber cómo harían para llegar a Ciudad Juárez, tenían como opción llegar a las instalaciones de Ferromex, y tomar de nueva cuenta el tren, ya que otros medios de transporte les cerraron las puertas, como los autobuses de pasajeros. El 8 de noviembre, a seis días del inicio del incidente, se documentó como en el lugar de los hechos solo quedaron los vagones, ropa, basura y pertenencias personales, sin embargo, ya nadie se encontraba en la zona. Según testimonios del día anterior, aún quedaban 150 personas las cuales conservaban la esperanza de que el tren avanzara y llegará a Ciudad Juárez. El 7 de noviembre, se registró la llegada de 128 personas provenientes de la estación Mapula a Ciudad Juárez, según la información recabada, llegaron porque el tren retomó sus actividades.
Las personas refieren violaciones a sus derechos humanos por parte de elementos del Instituto Nacional de Migración. En Mapula, les solicitaron aportaciones de $550.00 pesos para retornarlos a la ciudad de Chihuahua, es decir, no procuraban sus vidas toda vez que les bajaron del tren a cinco horas caminando de distancia o 40 minutos en automóvil, teniendo como única opción avanzar a pie; los campamentos han sido golpeados y quitados por la fuerza, es decir, en los hechos, no existe el derecho al libre tránsito. Es una constante que el INM recurra a malos tratos durante el trayecto por el país. La población en movilidad señaló que, desde su ingreso a México, no se les permite viajar en autobuses comerciales, ahora tampoco en tren; los vehículos adscritos a plataformas no les llevan, por lo que, las opciones para desplazarse, se agotan. ¿Pueden confiar en la autoridad que las obliga a tomar vías alternas e inseguras porque no tienen opciones regulares? ¿No es esto violento?
Desde el 18 de septiembre y hasta el 30 de octubre, el Instituto Nacional de Migración refiere haber disuadido con sus operativos de rescate a 34 mil 474 personas migrantes como parte de los acuerdos firmados en septiembre con la empresa privada Ferromex, evitando que arriesguen sus vidas. Es curioso que no se desglose en qué consisten estos operativos, únicamente se menciona que son operativos periódicos, las zonas en que se ejecutan, y más importante en qué consiste ni cómo resguardan sus vidas tras la evacuación del tren. Hasta el momento no se han dado declaraciones sobre las condiciones en las que se están llevando a cabo estos operativos, especialmente cuando existen violaciones a derechos humanos de por medio, derivadas de acciones contradictorias como la presentada donde los obligan a bajar del tren para protegerlos, pero los abandonan en el desierto sin recursos, orillandolos a las personas a estar bajo los supuestos operativos de rescate, cuando estos se dan en condiciones inhumanas.
“…es un trabajo integral en los tres órdenes de gobierno e instancias de seguridad estatales y federales, así como la empresa Ferromex, se trabaja a favor de las personas en movilidad con pleno respeto a sus derechos humanos” expresó el INM.
No debería sorprender saber que la dependencia a partir de febrero del 2019 y hasta febrero de este año, recibió 5,543 quejas, interpuestas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), ejemplo de las prácticas que no se documentan en prensa, acciones que quedan invisibilizadas ante la sociedad. Un boletín del propio Instituto hace un recuento de algunas de estas notas; sin embargo, no ofrece información que permita saber si a las personas “rescatadas” se les respetaron sus derechos humanos, se les brindaron posibilidades de regularización y/o acceso a una visa humanitaria, ni siquiera si pudieron solicitar refugio.
Por otra parte, —pero en relación al tema— en medios de comunicación la información se tergiversa constantemente, criminalizando a las personas directamente por tomar vías alternas de transporte, identificándolas como ilegales o asumiendo que no se les deben brindar los insumos básicos, tal como alimentación.
1. En el programa matutino de noticias de la localidad con mayor audiencia, uno de los periodistas que exponía la problemática, declaró: “hay programas internacionales, acuerdos internacionales de dar asilo, apoyo, cuestiones humanitarias que nuestro país se ha caracterizado por eso, hasta ahí lo entiendo yo muy bien, y si debe haber programas que puedan apoyar, pero una cosa es apoyarlos, facilitarles algunas cosas y otra cosa es tener que alimentarlos y tener que transportarlos, porque por ejemplo, el tren donde se suben no es un tren de pasajeros, ellos no pagaron para que los transportaran y no pueden exigir que traigan la locomotora y que los lleven o los traigan hasta Juárez porque ellos quieren llegar a Juárez, con todo respeto. La óptica de cómo lo están manejando no es la correcta, porque si deben bebe tratar de ayudarles, pero una cosa es ayudarles y otra cosa es que exijan algo que no debería de ser, en fin…”
2. “Hasta ayer, cientos de migrantes provenientes de Centroamérica, y que ingresaron de manera ilegal al país, permanecían sobre decenas de vagones del ferrocarril a unos diez kilómetros de la carretera a Delicias y cerca del templo de San Judas Tadeo.”
Declaraciones como las anteriores están llenas de carga estigmatizante, criminalizando a las personas, asumiendo que entran al país por vías ilegales, una aseveración falaz, ya que es imposible hacerlo cuando el libre tránsito es un derecho constitucional e ingresar a territorio mexicano de manera irregular, constituye una falta administrativa, nunca un delito. Lamentablemente, de manera desinformada, en televisión abierta se propagan narrativas de desapego, no priorizando actos de solidaridad básicos tales como la alimentación y el transporte de la población, aun en el caso actual, donde se encuentran en una situación de vulnerabilidad sin las condiciones básicas para la sobrevivencia como consecuencia de las acciones gubernamentales. La protección internacional contempla cubrir las necesidades básicas de la población, procurando la alimentación y el traslado a espacios dignos de alojamiento. No se puede recriminar por tomar vías alternas, —como lo es el tren de carga— cuando se les ha cerrado las puertas para tomar vías regulares, tales como transporte.
¿Qué necesitamos para priorizar la vida de las personas, qué más tiene que ocurrir para que estos actos violatorios de derechos humanos dejen de ocurrir sistemáticamente? Es inexcusable que la implementación de políticas migratorias enfocadas en la seguridad nacional tenga como consecuencia directa que las personas se vean orilladas a tomar decisiones difíciles para lograr sus objetivos de protección. Genera aún más indignación la corrupción y violencia a la que se exponen en su camino. ¿Dónde están las autoridades encargadas de dar seguimiento a los tratados que defienden la dignidad de las personas? ¿existe apertura? Como sociedad, ¿permitiremos que esto siga sucediendo?
