Pronunciamiento ante la detención de una familia en contexto de movilidad humana
08 de agosto de 2025
Ciudad Juárez, Chihuahua
Ante los hechos difundidos en medios de comunicación, redes sociales y prensa de la Fiscalía General del Estado (FGE), relacionados a la intervención agresiva a un núcleo familiar en contexto de movilidad a las afueras de un establecimiento comercial ubicado en la avenida López Mateos y boulevard Óscar Flores, hacemos un llamado a las instancias de protección a la niñez para dar seguimiento a los hechos ocurridos, así como a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) para que se investigue la actuación de las fuerzas públicas.
De igual forma, instamos a los medios de comunicación a evitar la revictimización de los niños involucrados, y seguir lo establecido en los artículos 1, 76, 77 y 80 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en tanto a los datos sensibles revelados en las notas sobre nacionalidades y rostros de las personas intervenidas por la autoridad. Dicha ley establece claramente en el artículo 83 la forma de actuación que las autoridades participantes debieron haber considerado.
DHIA rechaza categóricamente la actuación violenta de las y los agentes de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) al llevar a cabo el operativo. De acuerdo a la Ley Nacional Sobre el Uso de la Fuerza, las acciones realizadas por la AEI, no siguieron los principios de absoluta necesidad, prevención, proporcionalidad, racionalidad ni oportunidad. Al tratarse de población en situación de vulnerabilidad, es aún más alarmante la ausencia de mecanismos o capacitación en manejo de crisis, estrés y emociones.
No se justifica el uso desmedido de la fuerza pública en este operativo con un núcleo familiar, y ante la presencia de niños, donde a su vez, se refirió que la mujer afectada estaba embarazada. El trato y las formas conllevan a enfrentar un evento traumático, criminalizante y victimizante, ante la vulnerabilidad y la indefensión. Si existiera la sospecha de un delito, la actuación de las autoridades debe ser oportuna y proporcional al contexto, donde las instancias correspondientes son quienes deben determinar la situación legal de las personas involucradas.
Es fundamental e indispensable que todas las autoridades responsables de la protección, la seguridad, la procuración y la impartición de justicia, cuenten con los conocimientos que garanticen el interés superior de niñas, niños y adolescentes ante este tipo de circunstancias y se garantice el respeto pleno a sus derechos humanos.
Resulta inaceptable que en una ciudad como la nuestra, donde la problemática de niñas, niños y adolescentes en situación de mendicidad parece agravarse cada día más, no se cuente con protocolos adecuados, proporcionados, con respeto a los derechos humanos, perspectiva de género, infancia y de multiculturalidad. Requerimos a las autoridades correspondientes que brinden la atención necesaria a las personas afectadas, se revise de manera cuidadosa el protocolo de actuación de los agentes que intervinieron con el uso desproporcionado de la fuerza, y de ser necesario, se ofrezca una disculpa pública ante la evidente falta de capacitación demostrada el día de ayer. El actuar urge la presencia de la Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Chihuahua (SIPINNA) y de la CEDH, quienes deberán promover en lo sucesivo el debido seguimiento para garantizar la no repetición.
Respecto a la información difundida relacionada al caso, a través del monitoreo de medios de comunicación y comunicados gubernamentales, identificamos la evidente filtración de información, el no acatamiento de las autoridades al Protocolo de Comunicación Social de la FGE, así como el respeto al artículo 106 del Código Nacional de Procedimientos Penales que establece el derecho de reserva de identidad, donde es sumamente necesario precisar que, en esta situación, las personas víctimas del posible abuso de autoridad, se encontraban en “calidad de presentadas”, según la AEI; es decir, no dentro de un procedimiento penal. Aunado a ello, es sumamente preocupante el enfoque criminalizador que se ha dado al manejo de la información por parte del área de Comunicación Social de la FGE y medios de comunicación que violentan el derecho humano a la presunción de inocencia y la protección de datos personales, al resguardo de la identidad, pues la nacionalidad forma parte de lo mencionado, reflejando un profundo racismo, xenofobia y aporofobia.
Como lo hemos dicho en muchas ocasiones:
¡Protección a la infancia!
