Organizaciones exponen violaciones a derechos humanos de las personas en movilidad expulsadas por Estados Unidos ante la CIDH

A través de información proporcionada por organizaciones de diversas comunidades de América, se expuso la grave situación que enfrentan las personas en contextos de movilidad humana al ser deportadas hacia terceros países.

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Ciudad Juárez, Chihuahua, 20 de mayo de 2026

Gisela Muñoz Zamora, Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA)

Desaparición forzada de corto plazo, violaciones al debido proceso, tratos inhumanos, falta de seguimientos médicos e incomunicación, son algunas de las situaciones que padecen quienes son deportadxs, expulsadxs o trasladadxs hacia países distintos al de origen; estos hechos fueron expuestos por organizaciones durante el 195° periodo de audiencias temáticas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizadas del 9 al 13 de marzo de 2026 en la ciudad de Guatemala, Guatemala.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos es “un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) encargado de la promoción y protección de los derechos humanos en el continente americano”. En 1969 se aprobó el Pacto de San José, documento en el que los Estados ratificantes se han comprometido internacionalmente a generar condiciones para que los derechos de las personas sean respetados; México es uno de los 23 países que ratificó dicha convención.

La CIDH realiza audiencias públicas sobre temáticas específicas acerca de la situación de los derechos humanos, bien sea en un país en particular o regionales, cuando la problemática abarca más de dos países miembros de la OEA. Gracias a estos espacios se emiten recomendaciones “para el respeto y goce de los derechos humanos”, en palabras de la Comisión.

Las audiencias temáticas tienen como propósito que la Comisión reciba datos e información en relación de la situación de derechos humanos a través de las partes interesadas las cuáles pueden ser organizaciones civiles, personas a título individual y países parte de la Convención.

Las políticas de los Estados generan graves riesgos para quienes buscan una vida digna

En la audiencia pública “Situación de las personas deportadas, expulsadas o trasladadas en el contexto de la movilidad humana”, organizaciones presentaron las preocupaciones derivadas del tratamiento a esta población, a su vez señalaron la existencia de acuerdos entre distintos países que les colocan en una zona de indefensión, donde las violaciones a sus derechos humanos y al debido proceso se vuelven norma. Además de hacer público el panorama a través de investigaciones y testimonios de sobrevivientes, se sugirieron recomendaciones, así como peticiones a las personas comisionadas de la CIDH. 

En este espacio tuvieron intervenciones Savitri Arvey, de Human Rights First; Delia Catú de Asociación Pop No’j; Diana Solís de Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA); Guerline Jozef de Haitian Bridge Alliance; René Valiente de Cristosal; Silvia Serna de Global Strategic Litigation Council; Julie Bourdoiseau del Center for Gender and Refugee Studies y Rachel Schmidtke de Refugees International. Participó el presidente de la Comisión, Edgar Ralón, la primera vicepresidenta, Andrea Pochak, la secretaría ejecutiva Adjunta, María Pulido y Marion Bethel.

Diana Solís, coordinadora del área de Incidencia en DHIA señaló durante su intervención que las violaciones a los derechos humanos se agudizan tras la deportación desde Estados Unidos, generando impactos en la salud física y mental de las personas, ante la violación del debido proceso se imposibilita la comunicación con familiares y representación legal además de la omisión en la devolución de pertenencias de las personas detenidas. Todas estas graves vulneraciones continúan en México.

Solís explicó que mientras lxs connacionales son trasladadxs a centros de atención en el marco de la estrategia “México te Abraza”, el Instituto Nacional de Migración (INM) traslada  a las personas de origen extranjero a Tabasco o Chiapas,  vía terrestre, en condiciones precarias, incomunicadas y sin sus pertenencias, lo que puede derivar en desapariciones de corto plazo a manos del Estado. 

Una vez en dichos estados, se inicia el Procedimiento Administrativo Migratorio (PAM), contabilizando a partir de ello las 36 horas de detención estipuladas en la Constitución mexicana. Cuando termina ese lapso, las personas son liberadas en la vía pública sin información o apoyo oficial. A su vez, señaló durante la audiencia que el INM realiza deportaciones a países de origen sin brindar información sobre el derecho a solicitar asilo.

 

Por su parte, la representante de Human Rights First, Savitri Arvey expresó su preocupación por las expulsiones desde Estados Unidos, que incluyen a poblaciones con alguna condición de vulnerabilidad, como embarazo, discapacidad, complicaciones de salud o que son candidatas para recibir protección internacional; Guerline Jozef, de Haitian Bridge Alliance, señaló que personas no connacionales de México son deportadas a dicho país, entre ellas, originarias de Haití; los traslados continúan a pesar de la ausencia de un acuerdo transparente entre lxs gobernantes involucradxs; René Valiente, de Cristosal abordó las graves condiciones en los centros de detención estatales de El Salvador usados para recibir a deportadxs desde Estados Unidos; Silvia Serna, de Global Strategic Litigation Council, compartió la situación de las personas de terceros países expulsadas a Panamá y Costa Rica; Julie Bourdoiseau, del Center for Gender and Refugee Studies, expuso las vulneraciones que generan los Acuerdos de Cooperación de Asilo (ACAs, por sus siglas en inglés) firmados entre Estados Unidos y Ecuador, Guatemala, Honduras, Paraguay, Belice y Uganda, donde solicitantes de refugio son expulsadxs a dichos países; Delia Catú, de la Asociación Pop No’j indicó que Guatemala está recibiendo a deportadxs desde Estados Unidos cuya comunidad de origen es El Salvador, Honduras o Nicaragua, incluyendo quienes requieren protección internacional, expresando que las condiciones en dicho país no son seguras para sus connacionales , por lo que lxs extranjerxs son expuestxs a condiciones de mayor vulnerabilidad.  

Las 22 organizaciones participantes en la audiencia fueron Al Otro Lado, Americans for Immigrant Justice, Amnistía Internacional, Boston University International Human Rights Clinic, Center for Gender and Refugee Studies, Cornell Law School Transnational Disputes Clinic, Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA), el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI), Florence Immigrant & Refugee Rights Project, Global Strategic Litigation Council, Haitian Bridge Alliance, Hope Border Institute, Human Rights First, Immigrant Defenders Law Center (ImmDef), Las Americas Immigrant Advocacy Center, Physicians for Human Rights, Red Pedro Pantoja de Casas y Centros de Derechos Humanos de Migrantes de la Zona Norte (Red Pedro Pantoja), Refugees International, Robert and Ethel Kennedy Human Rights Center, Oficina Regional para América Central de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y la Relatoría Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos de los migrantes.

El 12 de marzo, un día después de la audiencia pública, las organizaciones ofrecieron una rueda de prensa en las instalaciones de Fundación María y Antonio Goubaud, reiterando las peticiones a la Comisión, al Relator Especial de las Naciones Unidas y al Representante Regional del ACNUDH: 

1. Un documento técnico y operativo que especifique las obligaciones en materia de derechos humanos de los países del hemisferio que han suscrito  estos acuerdos y les obligue a rendir cuentas. Se solicita emitir una resolución temática sobre los migrantes enviados a terceros países, que ayudará a orientar y aclarar las obligaciones de los Estados en materia de derechos humanos, particularmente, para asegurar el principio de no devolución, la prohibición de la tortura y los tratos crueles inhumanos y degradantes.  

2. Solicitar una opinión consultiva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para interpretar la Convención Americana y otros tratados de derechos humanos aplicables a las Américas en relación con la expulsión a terceros países, garantizando la participación de la sociedad civil en la formulación de las preguntas. Se pide a la Comisión que continúe solicitando información a los Estados respecto a ello. 

1. Que la Oficina Regional para América Central de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y la Relatoría Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos de los migrantes realicen visitas a los países para seguir monitoreando dichas violaciones a los derechos humanos.